Jueces de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo presentaron una carta formal ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, manifestando su preocupación por el posible traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, impulsada tras el fallo “Levinas” de la Corte Suprema y la media sanción de la Ley de Modernización Laboral, contempla la transferencia de causas laborales a la órbita porteña, lo que, según los magistrados, podría generar una sobrecarga de expedientes y demoras procesales.

En la nota dirigida al presidente del tribunal, Leonardo Ambesi, los jueces advirtieron que el fuero laboral nacional recibe aproximadamente 60.000 causas nuevas por año, lo que implicaría que cada uno de los diez juzgados laborales previstos en la Ciudad debería absorber cerca de 600 expedientes mensuales. “Difícil habrá de ser la anhelada celeridad expuesta en la presentación de la ley si cada juzgado debe recibir casi 600 expedientes nuevos por mes”, alertaron. Además, señalaron que la aplicación de nuevas leyes procesales y sistemas informáticos podría traducirse en incidencias que afecten la celeridad y previsibilidad de las decisiones judiciales.

Los magistrados también remarcaron la necesidad de normas de transición claras para evitar conflictos de competencia y demoras que perjudiquen a los litigantes. “Los únicos perjudicados son los litigantes, es decir, un trabajador que espera el reconocimiento del que entiende que es su derecho (…) y un empleador que necesita conocer (…) la eventual medida de su obligación”, afirmaron en la carta.

Otro aspecto destacado fue la preocupación por el futuro de empleados y funcionarios del fuero laboral nacional, quienes han accedido a sus cargos mediante concursos y exámenes. Los jueces propusieron mecanismos para facilitar la continuidad laboral de quienes deseen trasladarse y advirtieron sobre la posible reducción de la planta de personal ante una disminución progresiva de causas.

Finalmente, los jueces reivindicaron la trayectoria histórica de la Justicia Nacional del Trabajo y ofrecieron su colaboración para que la transición, en caso de concretarse, se realice bajo normas claras y que protejan tanto la celeridad del servicio como los puestos de trabajo. Solicitaron que sus inquietudes sean consideradas en las gestiones ante otros poderes del Estado y elevadas a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura.