La Justicia federal profundiza la investigación sobre presuntos pagos de sobornos para la aprobación acelerada de permisos de importación (SIRA) durante el gobierno de Alberto Fernández, entre 2020 y 2024. El fiscal Franco Picardi envió un pedido urgente a la Dirección General de Aduanas y al Banco Central para que informen qué funcionarios participaron en la aprobación de solicitudes del sistema SIRA, especialmente en relación con tres empresas: Nemes S.H., Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. y Fizika S.R.L.

Según fuentes judiciales, la causa se apoya en el análisis de mensajes y registros telefónicos de Martín Migueles, un financista vinculado a casas de cambio, donde se detallan porcentajes de sobornos —entre el 10 y el 15%— para obtener aprobaciones en plazos inusualmente cortos. "Pato", identificado como Patricio Guido Marre, y Héctor "Pipo" Caputto, aparecen como intermediarios clave en la maniobra. La Justicia ya solicitó los registros de llamadas y visitas a domicilios en Nordelta, donde se habrían realizado reuniones para coordinar las operaciones.

El fiscal Picardi también pidió al Banco Central que identifique a todos los funcionarios de jerarquía que tuvieron injerencia en el control de casas de cambio y que detalle los circuitos internos de autorización y control de acceso al mercado oficial de cambios. Además, se investiga la trazabilidad de los fondos utilizados y la posible existencia de "mulas financieras" para ocultar a los verdaderos beneficiarios.

El caso se desarrolla en el contexto del cepo cambiario y restricciones a la importación, donde el acceso al dólar oficial era limitado. Se investiga el denominado "rulo financiero", que permitía obtener ganancias significativas mediante la compra de dólares a precio oficial y su posterior venta en el mercado paralelo. Hasta el momento, hay cinco funcionarios de segunda línea imputados y allanados, y se esperan nuevas imputaciones a medida que avanza la investigación.

El gobierno actual, encabezado por Javier Milei, colabora con la Justicia en la identificación de los funcionarios involucrados. La causa sigue abierta y se prevén nuevas medidas a partir del análisis de pruebas y registros obtenidos.