El femicidio de Daniela Mamani, una enfermera de 31 años, sacudió a la ciudad de San Salvador de Jujuy y puso en el centro del debate la respuesta de las instituciones ante la violencia de género. El crimen ocurrió entre la noche del lunes y la madrugada del martes en un inquilinato del barrio Gorriti, donde vecinos escucharon una fuerte discusión y los pedidos de auxilio de una mujer. A pesar de los llamados al 911, la policía que acudió al lugar no ingresó al domicilio, alegando la falta de una orden judicial, lo que ahora es objeto de revisión interna.

La mañana del martes, el dueño del inquilinato encontró la puerta entreabierta y halló el cuerpo sin vida de Daniela, quien presentaba múltiples heridas de arma blanca. Horas después, Matías Manuel Tinte, expareja de la víctima, se presentó espontáneamente en la Seccional 1° y confesó el crimen ante los efectivos: "Cometí un error, maté a mi ex". La Fiscalía lo imputó por "homicidio doblemente agravado por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género", y dictó su prisión preventiva mientras se realiza la autopsia para determinar el mecanismo y la línea temporal del ataque.

El caso de Daniela Mamani es el quinto femicidio registrado en Jujuy en lo que va de 2025, sumando 25 desde la declaración de emergencia en violencia de género en 2020. Familiares y activistas denunciaron que la víctima había realizado denuncias previas y pedido ayuda, pero la respuesta estatal fue insuficiente. Mónica Cunchila, madre de otra víctima de femicidio, expresó: "Basta de llegar tarde. Las autoridades deben llegar a tiempo para salvar vidas". El hecho generó reclamos públicos y renovó el pedido de mayor compromiso institucional y cumplimiento de los protocolos de prevención.

La conmoción social se reflejó en las redes y medios, donde familiares de Daniela manifestaron su dolor e impotencia. Organizaciones de derechos humanos y referentes sociales exigieron que no se naturalice la violencia de género y que se redoblen los esfuerzos para evitar más muertes. El caso reabre el debate sobre la actuación policial y judicial en situaciones de riesgo y la necesidad de respuestas efectivas para proteger a las mujeres en Jujuy.