Valentina Olguín, una influencer y cantante de 26 años oriunda de Santiago del Estero, enfrenta graves acusaciones por utilizar los datos fiscales de cinco gobernadores argentinos para importar ropa desde Estados Unidos. La maniobra, que salió a la luz tras una denuncia del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ha generado un intenso debate sobre la seguridad de los datos personales y los controles aduaneros en el país.

Según las investigaciones, Olguín habría superado su propio cupo de importación permitido por el sistema de courier, que limita a cinco envíos anuales por persona con un máximo de 3.000 dólares. Ante esta restricción, la joven utilizó primero los datos de familiares y amigos, y posteriormente recurrió a los CUIT de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Poggi (San Luis). La mercadería llegaba a un domicilio en el barrio porteño de Núñez, donde también se realizaron allanamientos y se incautaron dispositivos electrónicos.

El caso quedó en manos del juez federal José Manuel Díaz Vélez y del fiscal José Agustín Chit, quienes investigan a Olguín por falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos. La influencer, por su parte, niega haber cometido un delito intencional y asegura que las prendas eran de canje y no para reventa. "No sabía que estaba cometiendo un delito, estoy arrepentida y soy consciente de la gravedad del asunto", declaró.

El gobernador Jaldo, quien descubrió la maniobra al recibir notificaciones de compras realizadas a su nombre, expresó su preocupación por la vulnerabilidad de los sistemas de datos fiscales en Argentina. "Esto no lo hizo una persona sola. Hay asesoramiento y conocimiento del sistema. Por eso, le pido a los tucumanos que revisen si no están siendo víctimas también", afirmó.

El caso, que inicialmente fue denunciado en diciembre de 2024, tomó relevancia mediática en mayo de 2025. Analistas señalan que podría derivar en una revisión de los sistemas de seguridad de datos fiscales en el país, mientras que algunos gobernadores afectados aún no han presentado denuncias formales pero están atentos al avance judicial. La situación también ha puesto en el centro del debate la efectividad de los controles aduaneros y la protección de los datos personales en Argentina.