La decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia para Bahía Blanca, tras la grave inundación del 7 de marzo, ha provocado una ola de protestas y reclamos en la ciudad. La ley, aprobada por el Congreso con amplio respaldo, preveía la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistir a los damnificados y financiar obras de reconstrucción. Sin embargo, el Gobierno argumentó que los recursos ya habían sido transferidos y que la ayuda era suficiente.

A casi cuatro meses del desastre, miles de vecinos, especialmente en Ingeniero White, denuncian que cerca de 4.000 personas no han recibido el subsidio prometido. Las dificultades para inscribirse, como la exigencia de un medidor de electricidad, dejaron fuera a muchos de los más vulnerables. "Nos sentimos en una desidia y desolación total", expresó una vecina durante el corte de la Ruta 3, donde los manifestantes reclamaron tanto la entrega de subsidios como la realización de obras estructurales para evitar futuras catástrofes.

El intendente Federico Susbielles manifestó su preocupación por la falta de avances en la reconstrucción y pidió diálogo directo con el presidente. "La ciudad necesitó, necesita y va a necesitar de la participación en gestión y presupuesto no solamente del gobierno municipal sino también del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno nacional", afirmó.

El concejal libertario Carlos Alonso, aunque defensor de las ideas de Milei, criticó el veto y defendió los intereses de los vecinos: "Coincido en un 100% con las ideas de Milei, pero esta Ley fue trabajada hasta por José Luis Espert y ahora el gobierno no sacó ninguna otra alternativa".

Desde la oposición, el diputado Germán Martínez (Unión por la Patria) anticipó que buscarán rechazar el veto en el Congreso y calificó la medida como "cruel e inhumana". Testimonios de damnificados, como el de Gisela Alanis, reflejan la precariedad persistente: "Perdí todo. Casa, auto, mis herramientas e insumos de trabajo. No tengo casa, no tengo la forma de que me entre plata con el emprendimiento, no tengo mi lugar de trabajo".

La situación en Bahía Blanca expone la tensión entre la necesidad de asistencia estatal y la política de ajuste fiscal, en un contexto de creciente malestar social y demandas de soluciones urgentes.