El municipio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras la aprobación de un aumento en la Tasa de Protección Ambiental, que ahora será del 2% sobre la facturación neta de supermercados, hipermercados y centros comerciales. La medida, que entrará en vigencia el 15 de diciembre de 2025, fue sancionada por el Concejo Deliberante local y se suma a la ya existente Tasa de Seguridad e Higiene, que alcanza el 4,5%.

La decisión generó un inmediato rechazo por parte de las principales cadenas de supermercados y cámaras empresarias, que advirtieron que el incremento será trasladado a los precios de los productos, afectando directamente a los consumidores. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) enviaron cartas al municipio solicitando la revisión de la medida y alertando sobre el impacto negativo en la competitividad y en el costo de vida de los vecinos de Pilar.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a las críticas y llamó públicamente a no comprar en Pilar, calificando la decisión del intendente Federico Achával como "irresponsable". Desde el municipio, Achával defendió la suba argumentando que responde a la necesidad de compensar la caída de transferencias nacionales y afrontar mayores demandas en salud, seguridad y educación. "Para bajar las tasas, el Gobierno nos tiene que bajar el IVA", sostuvo el jefe comunal, quien también destacó las obras y servicios financiados con la recaudación local.

El debate sobre la presión fiscal municipal se intensificó, con voces que señalan que Argentina tiene una de las cargas impositivas más altas de la región, especialmente a nivel subnacional. Informes de entidades empresarias y consultoras tributarias advierten sobre la proliferación de tasas municipales que, en muchos casos, no tienen contraprestación directa y encarecen los productos y servicios.

Mientras tanto, comerciantes y consumidores de Pilar se preparan para afrontar el impacto inmediato de la nueva tasa, que encarecerá todos los tickets de compra en los comercios alcanzados. La polémica promete continuar, en un contexto de ajuste fiscal nacional y creciente debate sobre la sostenibilidad de los tributos locales.