El Decreto 366/2025, recientemente promulgado, introduce cambios significativos en la Ley de Migraciones de Argentina, generando un amplio debate en el ámbito político y social. Entre las principales modificaciones, se prohíbe a los extranjeros en situación migratoria irregular trabajar en el país, ya sea de manera independiente o en relación de dependencia. Además, se endurecen los requisitos para obtener residencia y se amplían las causales de inadmisión y expulsión, incluyendo delitos menores a tres años de prisión o procesamientos sin condena firme.

La Dirección Nacional de Migraciones tendrá nuevas facultades, como inspeccionar lugares de trabajo y alojamiento, exigir documentación a empleadores y, en casos necesarios, solicitar el auxilio de la fuerza pública. Estas medidas buscan garantizar que los extranjeros cumplan con las normativas migratorias vigentes.

En paralelo, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció la revisión de los planes sociales otorgados a extranjeros no residentes en la provincia. Según Sáenz, esta medida está alineada con la reforma migratoria impulsada por el gobierno nacional y busca "defender los intereses de los argentinos". El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldaron públicamente esta iniciativa.

Las reformas también incluyen la implementación de aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia permanente en universidades públicas y restricciones en el acceso gratuito a la salud. Asimismo, se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, destinada a atraer capital extranjero mediante la concesión de ciudadanía a quienes realicen inversiones significativas en el país.

Estas medidas han generado reacciones diversas. Mientras que el gobierno nacional y provincial defienden las reformas como necesarias para proteger los recursos y servicios del país, organizaciones de derechos humanos y académicos del Conicet las critican por restringir derechos constitucionales. Además, expertos legales advierten sobre posibles impugnaciones judiciales al decreto, lo que podría poner en riesgo su implementación.

En un contexto global donde las políticas migratorias se han endurecido, Argentina enfrenta el desafío de equilibrar la protección de sus recursos con el respeto a los derechos humanos y la integración de los inmigrantes. Las próximas semanas serán clave para evaluar el impacto de estas reformas y las posibles respuestas legales y sociales que puedan surgir.