La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina aprobó la Resolución General 1095/2025, una reforma integral que moderniza el régimen de oferta pública para emisoras de valores negociables. La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca simplificar procedimientos, eliminar cargas burocráticas y adaptar la normativa a las necesidades actuales del mercado de capitales.

La nueva normativa reduce en un 20% el volumen de regulaciones aplicables, eliminando regímenes considerados obsoletos, como el de valores representativos de deuda de corto plazo y el de estímulo para cooperativas. Además, flexibiliza y unifica los requisitos para la emisión de valores, con especial foco en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y emisoras de bajo impacto, facilitando así su acceso al financiamiento.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, destacó que la reforma es un paso clave para agilizar el acceso al mercado de capitales y reducir costos y plazos de autorización. Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, subrayó que la iniciativa elimina el "vía crucis burocrático" que dificultaba la inversión en el país.

La resolución también establece reglas de transición para que las emisiones previas a la entrada en vigencia de la norma mantengan su régimen original hasta su cancelación, garantizando previsibilidad y seguridad jurídica. Asimismo, se refuerzan los estándares de transparencia y protección al inversor, manteniendo la supervisión sobre emisoras e intermediarios.

Esta reforma se enmarca en un proceso más amplio de desregulación y modernización del Estado argentino, impulsado por la Ley de Mercado de Capitales y la Ley de Financiamiento Productivo. El objetivo es fortalecer el desarrollo del mercado de capitales, promoviendo la asignación eficiente del ahorro hacia la inversión y facilitando el acceso al financiamiento, especialmente para las PyMEs.

La medida ha sido bien recibida por autoridades y actores del mercado, quienes la consideran un avance clave para mejorar la eficiencia y competitividad del sistema financiero argentino. No obstante, se anticipa un período de adaptación normativa para emisores, asesores y áreas de cumplimiento regulatorio.