El Gobierno argentino anunció que habilitará a los particulares a importar autos nuevos y usados de manera directa, eliminando una serie de trabas administrativas que hasta ahora dificultaban el acceso a vehículos del exterior. La medida, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue confirmada en entrevistas y comunicados oficiales, y se enmarca en una política más amplia de desregulación del sector automotor.

Según Sturzenegger, la nueva normativa permitirá que cualquier ciudadano pueda adquirir un vehículo en el extranjero y traerlo al país, prescindiendo de la tradicional Licencia de Configuración de Modelo (LCM). En su lugar, se implementará una verificación técnica similar a la VTV y un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV), que aceptará homologaciones internacionales reconocidas por organismos como la ONU o laboratorios acreditados bajo normas ISO. "Le facilitamos a la gente la importación personal de vehículos. Si el auto en Estados Unidos anda y en Europa lo dejan andar, acá va a funcar también", afirmó el ministro.

El anuncio generó reacciones diversas. Desde el sector automotriz, algunos importadores y terminales manifestaron cautela, señalando que la medida podría tener un impacto limitado en la práctica debido a los altos costos y la falta de red de posventa para autos importados por particulares. Además, advirtieron sobre posibles riesgos para la seguridad vial si se relajan los controles técnicos. Por su parte, economistas críticos como Roberto Feletti alertaron sobre el riesgo de desindustrialización y pérdida de empleos en la industria nacional, señalando que la apertura podría profundizar la crisis en regiones dependientes de la producción automotriz.

En el plano económico, la importación directa de un auto por parte de un particular podría costar entre 40.000 y 45.000 dólares, considerando impuestos, fletes y trámites. Si bien la medida promete simplificar el proceso y reducir algunos costos, la implementación efectiva depende de la publicación de la reglamentación técnica, que aún está pendiente.

El Gobierno defiende la iniciativa como una forma de ampliar la oferta de vehículos, fomentar la competencia y beneficiar a los consumidores. La medida se suma a otras acciones recientes, como la reducción de impuestos internos y la apertura de cupos para la importación de autos eléctricos e híbridos. Sin embargo, el debate sobre su impacto real y las consecuencias para la industria local continúa abierto, en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y el sector automotriz.