La expresidenta Cristina Kirchner denunció este viernes la instalación de un fuerte operativo policial en las inmediaciones de su domicilio en el barrio de Constitución, Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria. Según la exmandataria, el despliegue fue realizado sin orden judicial y con el objetivo de provocar incidentes, señalando directamente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como responsable de la medida.

El operativo incluyó la colocación de vallas metálicas, la presencia de efectivos de la Policía Federal Argentina y patrullas en las inmediaciones de San José 1111. Además, se implementó un cordón de seguridad que abarca varias cuadras a la redonda, en coordinación con fuerzas de la ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad justificó la acción como parte de un plan para mantener el orden y la limpieza en la zona, especialmente ante la convocatoria de un banderazo kirchnerista previsto para el Día de la Bandera.

Ante esta situación, Cristina Kirchner decidió suspender la manifestación frente a su domicilio y solicitó a sus seguidores que se trasladen al Parque Lezama para evitar posibles confrontaciones. "No seamos ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia", expresó en referencia a Bullrich, y pidió "sabiduría y templanza" a la militancia. La exmandataria también dejó abierta la posibilidad de comunicarse con los asistentes en el nuevo lugar de convocatoria.

En paralelo, Kirchner criticó las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal N°2 respecto al régimen de visitas durante su prisión domiciliaria, calificándolas de arbitrarias y violatorias de sus derechos civiles y políticos. Sus abogados presentaron recursos legales para revertir estas medidas, argumentando que limitan su contacto con el mundo exterior más allá del núcleo familiar, legal y médico.

El operativo y las restricciones generaron reacciones encontradas. Mientras el gobierno defendió la medida como preventiva, sectores kirchneristas denunciaron una persecución política y un intento de limitar la actividad pública de la exmandataria. El episodio se produce en un contexto de alta tensión política y social, marcado por el aumento de la desocupación y la polarización entre el oficialismo y la oposición. El desenlace de este conflicto podría tener implicancias en la dinámica política argentina en los próximos meses.