La expresidenta Cristina Kirchner exigió la liberación de los militantes peronistas detenidos tras el ataque con estiércol y amenazas a la vivienda del diputado libertario José Luis Espert, ocurrido el 17 de junio en San Isidro. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, involucró a un grupo de personas que arrojaron bolsas con estiércol y colgaron un pasacalle con mensajes intimidatorios en la puerta del legislador.

Entre los detenidos se encuentran Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de Mujeres bonaerense, y Eva Mieri, concejala de Quilmes, junto a otros militantes vinculados al kirchnerismo. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, otorgó prisión domiciliaria a Abaigar por razones de salud, mientras que otros implicados fueron liberados en las últimas horas.

Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria, utilizó la red social X para criticar al presidente Javier Milei, recordándole un antiguo posteo en el que celebraba protestas similares en Francia. "¿Te acordás cuando posteabas la foto de los manifestantes franceses tirando camiones de bosta en las oficinas públicas y decías 'hermosa iniciativa'?", ironizó la exmandataria, y concluyó: "Liberen al pibe y a las pibas, cachivaches".

El Partido Justicialista denunció una "persecución política" y acusó al gobierno de Milei de impulsar un "terrorismo de Estado de baja intensidad". Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la actuación policial y judicial, señalando que "los únicos resultados son mantener delincuentes".

El caso reavivó el debate sobre los límites de la protesta social y la respuesta estatal, en un contexto de creciente polarización política. Mientras sectores del oficialismo justifican las detenciones, la oposición denuncia represión y doble vara en la aplicación de la ley. El desenlace judicial y político de este episodio podría tener implicancias en la relación entre el gobierno y la oposición en los próximos meses.