La crisis sanitaria provocada por el fentanilo contaminado en Argentina continúa generando fuertes repercusiones en el ámbito político y judicial. Este miércoles, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados volvió a sesionar para avanzar en la elaboración de su informe final sobre el caso, pero lo hizo sin la presencia del ministro de Salud, Mario Lugones, ni de la titular de la ANMAT, Nélida Bisio, quienes justificaron su ausencia por "cuestiones de agenda". Esta situación generó malestar entre los legisladores, quienes resolvieron informar la situación a la Presidencia de la Cámara y reiteraron la necesidad de respuestas claras y presenciales de los organismos responsables.

Mientras tanto, el Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, puso en marcha un operativo nacional para retirar las ampollas de fentanilo adulterado de los lotes 31202 y 31244, cuyo retiro definitivo quedó bajo control del Estado. El procedimiento, ejecutado por el Ministerio de Seguridad y la Policía Federal Argentina, ya permitió recuperar más de 185.000 ampollas en hospitales y droguerías de varias provincias, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Formosa. Según datos judiciales, el brote de fentanilo contaminado ha dejado al menos 173 muertes bajo investigación, la mayoría de ellas confirmadas por infecciones bacterianas asociadas al anestésico adulterado.

El informe forense, solicitado por el juez Kreplak, determinó que 38 de 40 casos analizados correspondieron a decesos por bacteriemia causada por los mismos microorganismos hallados en las ampollas. "La causa de muerte se vincula con la bacteriemia asociada a los gérmenes mencionados", señala el informe, que también advierte sobre la letalidad de estas bacterias multirresistentes.

En el plano político, la comisión parlamentaria, presidida por Mónica Fein, prevé presentar su informe final el 9 de diciembre, con recomendaciones para fortalecer la regulación y trazabilidad de medicamentos, así como para mejorar la atención a las víctimas. El caso ha puesto en evidencia graves falencias en los sistemas de control y fiscalización, y ha motivado el procesamiento de 14 personas, incluidos directivos de laboratorios y responsables de control de calidad, de los cuales cuatro permanecen detenidos.

Familiares de las víctimas y legisladores de distintos bloques insisten en la necesidad de justicia y de una reforma profunda del sistema sanitario. El juez Kreplak destacó que la intervención judicial fue determinante para evitar más muertes y recuperar ampollas peligrosas. El futuro de la comisión investigadora dependerá del próximo recambio legislativo, mientras la causa judicial sigue su curso.