A menos de cien días de las elecciones generales, el gobierno de Javier Milei enfrenta una de sus semanas más complejas, marcada por la rebelión de los gobernadores y una interna feroz en el corazón de La Libertad Avanza (LLA). La presión por la coparticipación de fondos y la disputa por el armado electoral bonaerense exponen las debilidades de la coalición oficialista y ponen en duda la estabilidad de su proyecto político.

El conflicto se intensificó cuando, el 23 de junio, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño firmaron un comunicado conjunto exigiendo la distribución automática de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles. Estas partidas, que suman cerca de 6 billones de pesos proyectados para 2025, son consideradas por las provincias como recursos propios, mientras que el gobierno nacional las utiliza para sostener el superávit fiscal, clave en su acuerdo con el FMI. "Tienen superávit fiscal con la nuestra", ironizó un mandatario provincial, reflejando el malestar generalizado.

En paralelo, el Congreso avanza con proyectos que desafían la política fiscal del Ejecutivo, como el aumento de jubilaciones y la declaración de emergencias, con mayoría opositora y riesgo de que Milei no logre sostener sus vetos presidenciales. La situación se agrava por la falta de cohesión interna: Karina Milei y los hermanos Menem han desplazado a Santiago Caputo, principal asesor presidencial, del armado electoral en Buenos Aires, profundizando la fractura entre los sectores "karinista" y "caputista" dentro de LLA.

El PRO, por su parte, formalizó una alianza con LLA en la provincia de Buenos Aires, aunque mantiene reservas y busca asegurar espacios de poder en el nuevo esquema. En otras provincias, la estrategia varía entre acuerdos y competencia directa, según la conveniencia local y la relación con los gobernadores.

Analistas coinciden en que la gobernabilidad de Milei, hasta ahora sostenida por la estabilización macroeconómica y el control de la inflación, enfrenta un desafío mayor ante la presión social y política por la distribución de recursos y la necesidad de construir alianzas parlamentarias. El desenlace de la interna libertaria y la capacidad del oficialismo para negociar con la oposición serán determinantes para el futuro del gobierno tras las elecciones de octubre.