La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el 22 de julio de 2025 la venta, distribución y uso de la pasta dental Colgate Total Active Prevention Clean Mint en toda la Argentina, tras recibir reportes de consumidores que experimentaron irritación bucal, hinchazón y aftas. La medida, publicada en el Boletín Oficial bajo la disposición 5126/2025, responde a una alerta sanitaria originada en Brasil, donde se registraron más de 11.000 casos de efectos adversos desde el lanzamiento del producto en julio de 2024.

En Argentina, la ANMAT confirmó al menos 21 casos de síntomas asociados al uso de esta variante, mientras que la empresa Colgate-Palmolive reconoció la situación y activó un plan de recambio gratuito para los usuarios afectados. "Lamentamos profundamente las dificultades que han experimentado un pequeño número de personas en Argentina", expresó la compañía en un comunicado, donde también reafirmó la seguridad y calidad del resto de sus productos.

El origen del problema estaría vinculado a un nuevo saborizante incorporado en la fórmula, que según estudios in vitro podría afectar la integridad de las membranas celulares de la cavidad oral y producir irritación directa. ANMAT aclaró que dicho saborizante no se utiliza en otros productos de la marca, llevando tranquilidad a los consumidores de otras variantes de Colgate Total.

Colgate habilitó canales digitales y telefónicos para que los usuarios gestionen el recambio del producto, que puede realizarse sin costo alguno. Además, la empresa ofrece acompañamiento personalizado a quienes hayan experimentado síntomas, solicitando que reporten cualquier molestia para contribuir a la investigación en curso.

La prohibición es de carácter preventivo y se mantendrá vigente hasta que la compañía presente evidencia técnica concluyente que garantice la seguridad del producto. Mientras tanto, otras variantes de la línea Colgate Total continúan habilitadas para la venta y uso habitual en el país. La situación es seguida de cerca por las autoridades sanitarias, que priorizan la protección de la salud pública y la transparencia en la información a los consumidores.