El Senado de la Nación se prepara para avanzar con la designación de Tomás Rodríguez Ponte como juez federal del Juzgado N°2 de Lomas de Zamora, un cargo considerado estratégico por su jurisdicción sobre causas de alto perfil, como la investigación que involucra a Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Rodríguez Ponte, exsecretario del juez Ariel Lijo y actual director de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), fue propuesto por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y deberá afrontar una entrevista con senadores el 30 de julio, paso previo a la votación de su pliego.

Actualmente, el juzgado está a cargo de manera interina por el juez Luis Armella, quien, según fuentes judiciales, no tomará decisiones de fondo en la causa hasta la asunción de Rodríguez Ponte. "No va a tomar ninguna decisión de fondo, es una cuestión de respeto para con el juez titular, que no lo condicione", señalaron allegados a Armella. El fiscal Sergio Mola ha solicitado la indagatoria y posible detención de Insaurralde, pero Armella consideró la medida "desproporcionada" y decidió no avanzar hasta el recambio de magistrado.

La postulación de Rodríguez Ponte, que ha sido impulsada desde 2018 y postergada por sucesivos gobiernos, parece contar esta vez con el respaldo político necesario para su aprobación. Su designación es vista como parte de un acuerdo más amplio entre sectores del oficialismo y la justicia federal, en un contexto de renovación de cargos judiciales y negociaciones en el Senado.

Rodríguez Ponte, cuya carrera está ligada a Comodoro Py y figuras como Lijo y Lorenzetti, asumirá un juzgado clave para el control del crimen organizado en el conurbano bonaerense y el aeropuerto de Ezeiza. Su llegada podría marcar un giro en la investigación de causas sensibles y en la dinámica de poder dentro de la justicia federal. El avance de su pliego es interpretado por algunos sectores como una señal de acuerdos políticos y judiciales más amplios, mientras que desde el peronismo se cuestiona la presión sobre exfuncionarios y la vigencia de la llamada "doctrina Irurzun".