El Gobierno nacional formalizó esta semana la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la principal empresa estatal de provisión de agua y saneamiento en Buenos Aires y el Conurbano. Mediante los Decretos 493/2025 y 494/2025, publicados en el Boletín Oficial, se dispuso la venta del 90% de las acciones que posee el Estado, en un proceso que se realizará en dos etapas: primero, la transferencia de al menos el 51% a un operador estratégico, y luego la oferta del resto en bolsas y mercados nacionales e internacionales.

La medida, impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, modifica el marco regulatorio vigente y habilita por primera vez en casi dos décadas el corte del suministro por falta de pago, una decisión que ha generado preocupación entre usuarios y organizaciones sociales. Según el nuevo régimen, la empresa podrá interrumpir el servicio a los 15 días de mora, lo que representa un cambio significativo respecto a la normativa anterior, que obligaba a establecer planes de pago para quienes no pudieran afrontar los costos.

El Gobierno justifica la privatización en la necesidad de mejorar la eficiencia y sostenibilidad financiera de AySA, argumentando que la empresa ha operado de forma deficitaria desde su creación y ha dependido de transferencias estatales por cerca de u$s13.400 millones entre 2006 y 2023. Sin embargo, sectores opositores y sindicatos advierten que la medida es regresiva y podría afectar el acceso al agua, considerado un derecho humano esencial. "La decisión resulta profundamente regresiva para los usuarios del servicio público, al habilitar un régimen que autoriza cortes por falta de pago y elimina toda previsibilidad tarifaria", señalaron diputados de Unión por la Patria en un proyecto para derogar los decretos.

En el proceso de licitación, se menciona a Mekorot, la empresa estatal israelí, como posible adjudicataria junto a socios locales, lo que ha generado controversia por sus antecedentes internacionales y su modelo de gestión. Además, la privatización se da en un contexto de crisis económica y ajuste fiscal, con la paralización de obras de expansión y el despido de cerca de 1700 empleados de la planta.

La experiencia previa de privatización en los años 90 mostró deficiencias en calidad y cobertura, mientras que la gestión estatal desde 2006 permitió ampliar el acceso, aunque con desafíos persistentes. El debate sobre el futuro de AySA continúa, con posturas encontradas entre quienes defienden la eficiencia privada y quienes advierten sobre el riesgo de mercantilizar un servicio esencial. Las implicaciones futuras incluyen posibles aumentos de tarifas, menor control estatal y un impacto significativo en los sectores más vulnerables.