Una fuerte disputa institucional se desató en Rosario entre el jefe de los fiscales, Matías Merlo, y la Cámara Penal local, a raíz de recientes resoluciones judiciales que remitieron causas de microtráfico de drogas a la Justicia Federal. Merlo advirtió públicamente que esta decisión podría derivar en un aumento de homicidios y balaceras, y responsabilizó a los jueces por las posibles consecuencias en la seguridad pública.

Las declaraciones de Merlo, realizadas en entrevistas radiales, generaron una inmediata y enérgica respuesta de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario. Los jueces calificaron sus dichos como un "intento de coacción institucional" y un "exabrupto impropio de un funcionario de su jerarquía", señalando que pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con hechos de violencia constituye una "falacia de causalidad". Además, recordaron que la Cámara recibió 358 causas de microtráfico entre 2024 y 2026, de las cuales solo seis fueron remitidas a la Justicia Federal, en cumplimiento de la legislación vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación.

El presidente de la Cámara, Gustavo Salvador, profundizó la postura judicial al calificar de "irresponsabilidad funcional" las declaraciones de Merlo, y confirmó que el caso será elevado a la Corte Suprema provincial, la Legislatura y la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación para su análisis. Salvador subrayó que la independencia judicial es la última garantía de los ciudadanos frente al poder y que ceder ante presiones sería claudicar en la función republicana.

Por su parte, Merlo defendió la política criminal implementada desde la sanción de la ley provincial de desfederalización del narcomenudeo en 2023, que permitió a fiscales y policías provinciales intervenir en la venta de droga a pequeña escala. Según el fiscal, esta medida contribuyó a una significativa reducción de los homicidios en Rosario, y advirtió que perder esa competencia dejaría al Estado sin herramientas clave para prevenir la violencia en los barrios.

El conflicto pone de manifiesto las tensiones históricas entre el Ministerio Público y el Poder Judicial en torno a la jurisdicción sobre delitos de drogas, así como el debate sobre la independencia judicial y la seguridad pública. El desenlace institucional de este enfrentamiento será seguido de cerca por los distintos actores políticos y judiciales de la provincia.