El financiamiento de las universidades públicas vuelve a ser tema de debate en el Congreso Nacional, tras el veto presidencial del año pasado que dejó al sistema educativo en una crisis presupuestaria. Rectores, docentes y estudiantes, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), han presentado un nuevo proyecto de ley que busca garantizar recursos sostenidos para las universidades nacionales.

La iniciativa, que será debatida el próximo 18 de junio, cuenta con el respaldo de diputados de diversos partidos, incluyendo Unión por la Patria, la UCR y el Frente de Izquierda. Según Oscar Alpa, presidente del CIN, la falta de presupuesto desde 2023 ha generado una pérdida significativa de docentes, no docentes e investigadores, afectando la calidad educativa y científica del país. "Desde hace dos años no tenemos presupuesto ni una ley de financiamiento", afirmó Alpa, quien destacó que el nuevo proyecto busca asignar recursos de la recaudación existente sin aumentar impuestos.

La crisis financiera de las universidades se ha profundizado con una caída del 45.3% en términos reales en su presupuesto desde 2023. Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, subrayó la necesidad de garantizar un presupuesto mínimo indispensable para el funcionamiento de las instituciones. "No queremos estar todo el tiempo discutiendo la falta de recursos en las universidades", expresó.

El proyecto del CIN propone incrementar progresivamente la inversión en educación superior, pasando del 1% del PBI en 2026 al 1.5% en 2031. Además, garantiza la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales según la inflación y establece paritarias periódicas para recomponer los salarios docentes y no docentes.

La oposición busca consensuar un texto que permita destrabar el debate ante la resistencia del oficialismo. "Garantizar el financiamiento universitario es garantizar el futuro de nuestro país", afirmó Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina. Por su parte, Blanca Osuna, diputada kirchnerista, destacó la importancia de lograr acuerdos en momentos de crisis.

El proyecto también incluye un fondo anual de $10,000 millones para generar carreras estratégicas y ampliar las becas universitarias. Estas medidas buscan reducir las desigualdades y asegurar el acceso a la educación superior, en un contexto donde el 80% de los estudiantes del país asisten a universidades públicas.

El debate sobre el financiamiento universitario promete ser intenso, con implicaciones significativas para el futuro de la educación pública en Argentina. Mientras el oficialismo considera el proyecto como un "manotazo de ahogado", la oposición y la comunidad universitaria ven en esta iniciativa una oportunidad para garantizar la sostenibilidad del sistema educativo.