El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue procesado nuevamente por el delito de enriquecimiento ilícito, según resolvió el juez federal Sebastián Casanello. La medida también alcanza a su esposa, Alessandra Minnicelli, y dispone un embargo conjunto de 998 millones de pesos. La investigación, que se inició en 2008, se centró en el notable incremento patrimonial del matrimonio durante los años en que De Vido ocupó cargos públicos, abarcando los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

De acuerdo con la resolución judicial, De Vido habría incrementado su patrimonio en aproximadamente 690.000 dólares sin poder justificar ese crecimiento con ingresos legítimos o recursos lícitos declarados. Uno de los ejes de la causa es la compra de un departamento sobre la avenida Del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, adquirido entre 2007 y 2009 mediante una estructura societaria que, según la investigación, buscó ocultar la titularidad real del inmueble. El departamento fue registrado a nombre de Uni-Vite Argentina S.A., y el matrimonio habría simulado ser inquilinos hasta octubre de 2018, continuando en la propiedad hasta marzo de 2023.

El informe del Cuerpo de Peritos Especializados de la Corte Suprema evidenció inconsistencias relevantes, como la imposibilidad de validar el dinero en efectivo que el matrimonio afirmó poseer al inicio del período analizado y la ausencia de documentación que acreditara ingresos profesionales de Minnicelli. Además, ambos se inscribieron en el impuesto a los Bienes Personales recién en agosto de 2002, lo que no resulta compatible con la tenencia de divisas extranjeras declaradas.

La investigación judicial también retomó elementos de otras causas, como la denominada "Cuadernos de las Coimas", donde a De Vido se le atribuyen 190 hechos de sobornos, y la condena por lavado de dinero contra una ex empleada de su residencia. El juez Casanello concluyó que la evolución patrimonial registrada por los imputados habría observado incrementos injustificados con sus ingresos legítimos, y que los fondos utilizados para adquirir la sociedad y el inmueble habrían provenido del propio ex funcionario.

El caso, que atravesó múltiples instancias judiciales y apelaciones, es considerado emblemático en la lucha contra la corrupción en la función pública. De Vido, actualmente detenido por su responsabilidad en la tragedia de Once, enfrenta además otras causas por fraude y malversación de fondos públicos. La defensa, por su parte, ha denunciado condiciones de detención y cuestionado la imparcialidad del proceso. El fallo de Casanello refuerza la hipótesis de una estructura destinada a incrementar y disimular el patrimonio familiar por fuera de los circuitos legales, en un contexto de creciente escrutinio sobre la corrupción en la gestión kirchnerista.