El femicidio de Natalia Cruz, ocurrido el pasado martes en la localidad salteña de Campo Quijano, ha generado conmoción y renovado el debate sobre la protección estatal a las víctimas de violencia de género. Natalia, de 37 años, fue hallada sin vida en su domicilio del barrio Luz y Fuerza, con signos de haber sido golpeada y estrangulada. Su expareja, Orlando Serapio, es el principal sospechoso y permanece prófugo desde el día del crimen.

Según relataron familiares y fuentes judiciales, Natalia había denunciado en reiteradas ocasiones situaciones de violencia y acoso por parte de Serapio. La Justicia había dispuesto una orden de restricción y una consigna policial fija desde el 3 de febrero, pero el día del hecho, feriado de carnaval, no había efectivos en el domicilio. "Mi hermana tenía consigna fija, pero ese martes no estaban los policías porque dijeron que no había personal. Denunciamos abiertamente la negligencia policial. El Estado le falló a mi hermana", expresó Azucena Colque, hermana de la víctima, en declaraciones a El Tribuno.

El desarrollo de los hechos indica que, antes del ataque, Serapio retiró a los hijos de la pareja del domicilio y luego regresó para cometer el crimen. Minutos antes, Natalia había contactado a su hermana por un dolor de cabeza. Al no obtener respuesta, la familia regresó a la vivienda y encontró a Natalia al costado de la cama, con un cable en el cuello. Fue trasladada de urgencia al hospital local, pero falleció en el trayecto.

La tragedia revive un antecedente doloroso para la familia: en 2017, la hermana menor de Natalia fue asesinada por su novio, en un caso de femicidio seguido de suicidio. La madre de ambas, Irene Martínez, ha perdido a dos hijas en menos de nueve años bajo circunstancias similares.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, se reunió con los familiares para informarles sobre el avance de la investigación y los derechos que les asisten como víctimas. Mientras tanto, la policía intensifica la búsqueda de Serapio, cuyo vehículo fue hallado en la zona de Chorrillos, pero aún no ha sido localizado.

El caso ha generado fuertes reclamos de justicia y mayor protección para las víctimas de violencia de género en Salta, evidenciando las falencias en la respuesta institucional y la urgencia de medidas efectivas para prevenir nuevos hechos de este tipo.