El proceso de selección para las residencias médicas en Argentina quedó envuelto en polémica tras la detección de un esquema de fraude en el examen nacional realizado el 1 de julio. Un video viralizado en redes sociales mostró a un postulante utilizando anteojos inteligentes para filmar las preguntas del examen en la sede de Parque Roca, Buenos Aires, lo que permitió que terceros resolvieran la prueba desde el exterior. Este hecho, sumado a la aparición de calificaciones inusualmente altas, llevó al Ministerio de Salud a revisar 268 casos sospechosos, en su mayoría de egresados de universidades extranjeras.

El ministro de Salud, Mario Lugones, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anunciaron la implementación de un nuevo procedimiento para analizar cada caso. "Vamos a analizar notas, promedios y antecedentes institucionales de las universidades", explicó Lugones, quien remarcó que la medida busca preservar la transparencia y el mérito en el acceso a las residencias. Según las proyecciones oficiales, el 95% de los candidatos argentinos no deberá rendir nuevamente el examen, mientras que más de 100 aspirantes, principalmente extranjeros, sí deberán hacerlo.

La revisión estará a cargo de un comité de expertos que evaluará la congruencia académica de los postulantes, considerando tanto los antecedentes individuales como los estándares internacionales de la World Federation for Medical Education (WFME). Aquellos que no acrediten congruencia deberán presentarse a un nuevo examen presencial el 7 de agosto. Además, el Ministerio de Salud evalúa presentar denuncias judiciales para investigar los casos confirmados de fraude.

El escándalo generó tensiones entre el Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, quienes rechazaron los nuevos criterios de validación propuestos por la Nación. Mientras tanto, la comunidad médica y la opinión pública debaten sobre la severidad de las medidas y la necesidad de reforzar los controles ante el avance de la tecnología en los procesos de evaluación. El caso pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema de salud argentino para garantizar la idoneidad y la transparencia en la formación de sus profesionales.