El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) vivió días de fuerte tensión en el transporte público debido a un paro de colectivos que afectó principalmente a la zona sur. La medida de fuerza, iniciada el viernes y extendida hasta el martes 11 de noviembre, fue impulsada por la falta de pago de salarios y otros beneficios a los choferes de empresas como MOQSA, El Halcón y San Juan Bautista. Más de 18 líneas, entre ellas la 148, 159, 219, 300, 372, 584, 603, 619 y 500, suspendieron sus servicios, generando complicaciones para decenas de miles de usuarios que dependen de estos medios para sus traslados diarios.

Durante el conflicto, los trabajadores realizaron asambleas y manifestaron públicamente su postura: “Hasta que no esté el sueldo no salen los bondis”, señalaron los delegados de MOQSA. El paro se mantuvo de forma indefinida hasta que las empresas abonaron los sueldos atrasados, lo que permitió la reanudación progresiva de los servicios desde el lunes. Sin embargo, persisten deudas de viáticos, aportes jubilatorios y problemas con la obra social, por lo que los choferes continúan en estado de alerta.

El conflicto puso en evidencia las dificultades estructurales del sistema de transporte público en el AMBA. Las empresas reciben subsidios estatales y beneficios como el cupón de gasoil, pero los trabajadores denuncian desinversión y falta de transparencia en el uso de estos fondos. El grupo MOQSA, que controla gran parte del transporte en la zona sur, es beneficiario de importantes fondos públicos y concesiones municipales, pero enfrenta críticas por la calidad del servicio y las condiciones laborales.

En este contexto, sindicatos y agrupaciones laborales reclamaron medidas unificadas y mayor control estatal sobre el sistema de transporte. Los usuarios, por su parte, manifestaron comprensión hacia los trabajadores, aunque exigieron soluciones urgentes para evitar nuevas interrupciones. El paro de colectivos dejó en claro la necesidad de reformas profundas en el sector, tanto en la gestión empresarial como en la protección de los derechos laborales y la calidad del servicio para los pasajeros.