Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y actual referente política argentina, llevará la causa Vialidad ante tribunales internacionales tras la confirmación de su condena por la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue anunciada por su entorno y confirmada por su abogado Gregorio Dalbón, quien ya presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, alegando persecución política, mediática y judicial.

La condena, que implica seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fue ratificada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. A partir de este fallo, la defensa de Kirchner tiene seis meses para presentar una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que podría recomendar la revisión del caso, aunque no tiene potestad para revocar la sentencia de la Corte Suprema.

En la denuncia presentada ante la CPI, Dalbón argumentó que existen "episodios de tortura, privación grave de la libertad física y persecución por motivos políticos" contra Kirchner y otros grupos sociales. Además, denunció una "amenaza creíble e inminente de detención arbitraria" y un patrón de acciones coordinadas para neutralizar políticamente a la ex mandataria. Entre las irregularidades señaladas se encuentran la manipulación de nombramientos judiciales, la falta de imparcialidad de jueces y fiscales, y sentencias dictadas en fechas electorales.

Expertos constitucionalistas consultados por medios nacionales explicaron que, si bien existen mecanismos internacionales para denunciar violaciones a los derechos humanos, el proceso es extenso y no suspende automáticamente los efectos de la condena. La CIDH puede emitir recomendaciones y, en casos graves, elevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no puede revertir directamente el fallo argentino.

La estrategia de Kirchner incluye buscar apoyo de líderes políticos internacionales y organismos multilaterales, en un contexto donde se denuncia también violencia política de género y se advierte sobre el impacto democrático regional. El caso Vialidad y su proyección internacional reavivan el debate sobre la independencia judicial y el uso de la justicia en disputas políticas en Argentina y la región.