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21 de diciembre de 2025
Salud
Argentina

Agua que no has de beber

• El Senado debate la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina 🇦🇷 • El Gobierno busca flexibilizar la protección para habilitar inversiones mineras • Ambientalistas y oposición advierten riesgos para reservas de agua dulce #Glaciares #Argentina

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El Senado argentino se encuentra en el centro de un intenso debate por la reforma de la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de reservas de agua dulce en la alta montaña andina. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional y respaldado por el bloque oficialista de La Libertad Avanza, propone modificar la Ley 26.639 para restringir la protección únicamente a aquellos glaciares y ambientes periglaciales que cumplan una "función hídrica efectiva y estratégica".

La iniciativa busca destrabar inversiones mineras, especialmente en los sectores de cobre y litio, y otorga mayor protagonismo a las provincias en la definición de áreas protegidas. Según el oficialismo, la ley vigente genera "inseguridad jurídica y parálisis de inversiones", por lo que la reforma permitiría un análisis "caso por caso" y la posibilidad de que las provincias remuevan glaciares del inventario nacional si no cumplen funciones hídricas estratégicas.

El dictamen de comisiones del Senado ya fue aprobado y se prevé que el debate en el recinto se realice el 10 de febrero de 2026. El proyecto ha generado posturas encontradas: mientras cámaras empresariales y gobernadores de provincias mineras apoyan la reforma para atraer inversiones y promover el desarrollo económico, organizaciones ambientalistas y parte de la oposición, especialmente el bloque de Unión por la Patria, advierten que la iniciativa pone en riesgo las reservas estratégicas de agua dulce y debilita la protección ambiental.

El debate se enmarca en un contexto histórico de tensión entre el desarrollo productivo y la preservación de bienes comunes. La Ley de Glaciares, sancionada en 2010 tras intensos debates y presión social, fue validada por la Corte Suprema en 2019, que ratificó su constitucionalidad. Sin embargo, el avance de la megaminería y la demanda global de minerales críticos han reavivado la discusión sobre el equilibrio entre crecimiento económico y sustentabilidad ambiental.

El resultado de este debate legislativo tendrá implicancias profundas para el modelo de desarrollo argentino y la gestión de sus recursos naturales en un escenario de cambio climático y creciente escasez hídrica.

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