La reciente designación de Carlos Presti, actual jefe del Ejército, como próximo ministro de Defensa de la Nación, ha generado un profundo debate en el ámbito político y militar argentino. Por primera vez desde el retorno de la democracia en 1983, un militar en actividad ocupará la máxima responsabilidad de la cartera de Defensa, rompiendo una tradición que buscaba garantizar la conducción civil de las Fuerzas Armadas.

La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei y atribuida a la influencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue recibida con entusiasmo en el Ejército y con cautela en la Armada y la Fuerza Aérea. Distintos referentes, como los exministros de Defensa Julio Martínez y Oscar Aguad, respaldaron la idoneidad de Presti, aunque insistieron en la necesidad de que pase a retiro antes de asumir, en cumplimiento de la legislación vigente. “La llegada de un militar a la cartera no representa un riesgo para la institucionalidad, siempre que se mantenga el control civil y la subordinación a la Constitución”, afirmó Martínez. Aguad, por su parte, calificó la medida como “audaz” y “novedosa”, pero advirtió: “No se puede nombrar a un militar en actividad. La ley no lo permite y los militares no pueden mezclarse en política”.

El nombramiento de Presti es interpretado como un cambio de paradigma en la política de Defensa, alejándose de la estrategia de los últimos 20 años centrada en la memoria, verdad y justicia respecto a los crímenes de la dictadura. El oficialismo reivindicó la decisión como el fin de la “demonización” de las Fuerzas Armadas, mientras que sectores de derechos humanos y la oposición la consideran una “provocación”.

Entre los desafíos inmediatos que enfrentará Presti se destacan la crisis de la obra social militar (IOSFA), con una deuda de $200.000 millones y un déficit mensual de $10.000 millones, y la histórica demanda de equiparación salarial con las fuerzas de seguridad. Además, deberá proponer a su sucesor en la jefatura del Ejército y definir la continuidad en las otras fuerzas.

César Milani, exjefe del Ejército, respaldó la designación de un militar en Defensa, aunque criticó la orientación liberal de Presti. “La idoneidad puede recaer tanto en un civil como en un militar formado”, sostuvo, pero advirtió sobre el deterioro salarial y la necesidad de una estrategia integral para el sector.

El debate sobre la conducción civil o militar de la Defensa Nacional vuelve así al centro de la escena, en un contexto de demandas internas y desafíos institucionales. El futuro de la política de Defensa dependerá, en parte, de la capacidad del nuevo ministro para equilibrar tradición democrática, necesidades operativas y consensos políticos.