La Justicia federal procesó con prisión preventiva a cuatro personas acusadas de integrar una red dedicada a facilitar la inmigración ilegal desde Medio Oriente hacia Argentina. Los imputados, una mujer siria, un ciudadano tunecino, un marroquí y un argentino, operaban principalmente en Mar del Plata, Buenos Aires y Santa Clara del Mar, donde gestionaban matrimonios simulados y trámites de ciudadanía a cambio de sumas que llegaban hasta los 30.000 dólares.

La investigación comenzó en marzo de 2024, tras una denuncia sobre un ciudadano egipcio vinculado a un exintegrante de la organización terrorista Al Qaeda. Este indicio llevó a la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) a profundizar en la operatoria de la banda, que incluía el ingreso clandestino de extranjeros, estadías transitorias en domicilios controlados y la utilización de figuras legales como el refugio y la residencia por inversión para obtener documentación argentina.

En noviembre de 2025, la Prefectura Naval Argentina realizó siete allanamientos simultáneos en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Buenos Aires, logrando la detención de los cuatro acusados y el secuestro de armas de fuego, municiones, pólvora y documentación relevante. Según el expediente judicial, la mujer siria era la encargada de coordinar la logística y asesorar a los interesados, mientras que el argentino actuaba como testigo en los matrimonios y los otros extranjeros gestionaban alojamiento y trámites migratorios.

Las escuchas telefónicas fueron clave para entender el funcionamiento de la organización. En una de ellas, la líder explicaba: "Lo más conveniente, legal y tranquilo es el matrimonio. Te casas por un año y medio, luego te divorcias". Además, se detectaron variantes en los servicios ofrecidos, como la residencia por inversión y el uso de documentos auténticos para evitar sospechas.

El juez federal Santiago Inchausti dictó el embargo de bienes por $200 millones y la prisión preventiva de los imputados, mientras que una mujer argentina que se casó con uno de los extranjeros recibió la falta de mérito. Las autoridades judiciales y migratorias destacaron la gravedad del caso, que expone vulnerabilidades en los controles migratorios y genera preocupación por posibles vínculos con el terrorismo internacional y la compraventa de armas. El expediente fue robustecido por pruebas documentales, escuchas telefónicas y testimonios de los involucrados, marcando un precedente en la lucha contra el tráfico de personas y la inmigración ilegal en Argentina.