Un fallo judicial en Neuquén ha generado una fuerte polémica tras ordenar al Estado provincial indemnizar con más de 175 millones de pesos a la familia de una niña de siete años que sufrió una fractura leve en la escuela primaria 254 de Chos Malal en 2019. El accidente ocurrió durante una clase de educación física, cuando la menor tropezó y se fracturó la tibia izquierda, lesión que fue catalogada como leve y tratada con yeso, sin dejar secuelas graves.

Inicialmente, la familia de la niña reclamó seis millones de pesos y, en 2020, aceptó un pago de poco más de diez millones por parte de Sancor Seguros, la aseguradora contratada por el Consejo Provincial de Educación (CPE). Sin embargo, en 2021, los padres reanudaron la acción legal contra el CPE y la aseguradora, lo que derivó en un fallo de primera instancia del juez Carlos Choco, quien ordenó al Estado provincial pagar una suma que superó ampliamente lo solicitado y lo habitual incluso en casos de mayor gravedad.

La Cámara de Casación confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2025, aunque redujo el monto a 155 millones de pesos. El Ministerio de Educación de Neuquén calificó la decisión como "ilícita e inmoral", argumentando que "afecta gravemente al patrimonio del pueblo neuquino" y que podría sentar un precedente insostenible para el sistema educativo, con el riesgo de multiplicar demandas similares.

La abogada del CPE, Silvana Reñones, sostuvo que "los niños se caen, por eso tienen un seguro" y advirtió que si cada accidente escolar común genera indemnizaciones de esta magnitud, el sistema sería inviable. El recurso de nulidad presentado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se centra en la supuesta incompetencia del juez civil, el uso de fórmulas de cálculo arbitrarias y la falta de justificación para el monto fijado.

El juez Choco, por su parte, ya había sido objeto de controversias previas por fallos en casos laborales y una sanción por mal desempeño. El Ministerio de Educación dejó abierta la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si el TSJ no revierte la sentencia. El expediente sigue en revisión, mientras el debate sobre la responsabilidad estatal y los límites de las indemnizaciones continúa abierto en la provincia.