Un soldado de 21 años, identificado como Rodrigo Gómez, fue hallado muerto en la madrugada del 16 de diciembre en la Quinta Presidencial de Olivos, donde cumplía funciones de guardia. El hecho, que generó conmoción en el ámbito militar y político, está siendo investigado por la justicia federal bajo la principal hipótesis de suicidio.

Según fuentes oficiales y judiciales, Gómez, integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo, fue encontrado por un compañero en su puesto de guardia con un disparo en la cabeza, realizado con su arma reglamentaria FAL. Junto al cuerpo se halló una carta de despedida dirigida a su familia y camaradas, en la que el joven mencionaba problemas económicos y deudas que, según registros, ascendían a casi dos millones de pesos.

El episodio ocurrió entre las 5:15 y 5:30 de la mañana. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de emergencia y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa, dispuso la intervención de peritos criminalísticos y fuerzas federales para esclarecer las circunstancias del hecho. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

El caso ha generado un fuerte impacto en el Ejército y entre los familiares del joven, quienes expresaron su dolor en redes sociales y medios de comunicación. "Qué dolor que dejaste, Rodri, te voy a extrañar. Siempre en mi corazón y en mi recuerdo mi soldado", escribió una tía del joven en redes sociales. Desde el Gobierno y el Ejército se emitieron comunicados expresando pesar y acompañamiento a la familia.

El contexto en el que se produjo el hecho incluye un aumento de las bajas en las fuerzas armadas y cuestionamientos sobre los ingresos y condiciones laborales de los militares. La Secretaría General de Presidencia había implementado recientemente medidas de contención y mejoras en los alojamientos de los soldados destinados a la custodia presidencial.

Mientras la investigación judicial continúa y no se descartan otras hipótesis, la principal línea apunta a un suicidio motivado por problemas económicos. El caso reabre el debate sobre la salud mental y las condiciones de vida de los jóvenes soldados en la Argentina.