El Senado argentino aprobó la reforma a la Ley de Glaciares, otorgando media sanción a un proyecto que flexibiliza la protección de estos ecosistemas y transfiere mayor poder de decisión a las provincias. La votación, que culminó con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, estuvo marcada por intensas negociaciones y divisiones internas en los principales bloques políticos, así como por protestas y detenciones de activistas y periodistas en las inmediaciones del Congreso.

El proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei y respaldado por gobernadores de provincias cordilleranas, busca modificar el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciales, permitiendo que sean las autoridades provinciales quienes determinen qué áreas deben ser protegidas, desplazando al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) de esa función. "La reforma de la ley salda un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio y de la Mesa del Cobre", señaló un comunicado oficial, que celebró la medida como un avance hacia el "federalismo ambiental" y el desarrollo económico.

Sin embargo, la iniciativa generó fuerte rechazo entre organizaciones ambientalistas, expertos y sectores opositores, quienes advierten que la reforma pone en riesgo reservas estratégicas de agua dulce y podría facilitar la explotación minera en zonas sensibles. "El proyecto podría habilitar la explotación minera en áreas en las que hoy están prohibidas y traspasaría a las provincias la decisión de definir cuáles son las zonas protegidas y cuáles no", alertó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un comunicado conjunto con otras entidades. Además, señalaron que la medida podría entrar en conflicto con el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Mercosur, que exige mantener los niveles de protección ambiental.

El debate parlamentario estuvo marcado por la falta de transparencia, ya que el texto final fue modificado hasta minutos antes de la votación y no se conocía completamente al momento de votar. "Este papelito que nos trajeron, ni logo del senado tiene", se quejó la senadora Juliana Di Tullio. Por su parte, el oficialismo defendió la reforma como una oportunidad para atraer inversiones y generar empleo, mientras que opositores y representantes de provincias cordilleranas expresaron preocupación por la discrecionalidad y el debilitamiento de los estándares ambientales.

La reforma deberá ser tratada ahora en la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión intensa y la posibilidad de que el proyecto enfrente mayores obstáculos. El resultado de este proceso legislativo podría tener implicancias significativas para la política ambiental argentina y sus compromisos internacionales, así como para el futuro de las comunidades y ecosistemas afectados.