El concejal Jonatan Arce, representante de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, presentó su renuncia este domingo tras negarse a realizar un test de alcoholemia durante un control vehicular en la madrugada del viernes. La situación, que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios locales, generó un fuerte impacto político y social en la ciudad bonaerense.

Arce, quien integraba la Comisión de Tránsito y Transporte, fue detenido en un operativo de rutina y, al negarse a someterse al test, fue sancionado conforme a la normativa vigente, que considera "positivo por presunción" a quienes rechazan la prueba. La multa impuesta asciende a $1.412.800. En un comunicado difundido en sus redes sociales, el edil reconoció: "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas. Durante el procedimiento no accedí al test de alcoholemia. Fue una decisión equivocada, asumo la responsabilidad y pido disculpas".

El episodio cobró mayor notoriedad luego de que Santiago Saccoccia, padre de Facundo, un joven fallecido en 2018 tras ser atropellado por un conductor alcoholizado, y referente de la organización Estrellas Amarillas, reclamara públicamente la renuncia del concejal. La presión social y mediática se intensificó, y Arce decidió dimitir para "no generar condicionamientos institucionales ni afectar el trabajo de mi espacio político".

La renuncia de Arce ocurre en una semana clave para el Concejo Deliberante, que debe debatir la suba de tasas municipales. Ahora, el cuerpo legislativo debe definir rápidamente a su reemplazante, en un contexto donde la normativa provincial no exige paridad de género para los reemplazos y la decisión suele depender de acuerdos políticos internos.

El caso de Arce se suma a antecedentes similares en la provincia de Buenos Aires, donde otros funcionarios debieron dejar sus cargos por negarse a controles de alcoholemia. El hecho es interpretado como un mensaje de tolerancia cero a la imprudencia vial en la función pública y reabre el debate sobre la responsabilidad y la conducta de los representantes políticos.

Hasta el momento, ni el Ejecutivo municipal ni el bloque oficialista han emitido declaraciones públicas sobre el caso. La situación deja en evidencia la sensibilidad social frente a la seguridad vial y la exigencia de ejemplaridad en los funcionarios públicos.