El exfuncionario entrerriano Juan Enrique Ruiz Orrico fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por la muerte de cuatro jóvenes trabajadores en un accidente de tránsito ocurrido en junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, en el departamento Uruguay, Entre Ríos. La sentencia, dictada por el juez Darío Crespo, también incluye la inhabilitación para conducir por nueve años, aunque la pena de prisión se hará efectiva solo cuando la condena quede firme, por lo que Orrico continuará en libertad hasta entonces.

El hecho que derivó en la condena tuvo lugar la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando Orrico, por entonces director del Instituto Portuario de Entre Ríos y referente del PRO, conducía un vehículo oficial bajo los efectos del alcohol. Según las pericias, tenía entre 1,5 y 1,59 gramos de alcohol por litro de sangre y circulaba a alta velocidad, con el velocímetro de su auto detenido en 150 km/h tras el impacto. El choque frontal con un Chevrolet Corsa, en el que viajaban los hermanos Brian y Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi, resultó fatal para los cuatro jóvenes, quienes se dirigían a su trabajo en el Frigorífico Fadel.

Durante el juicio, la fiscalía solicitó cinco años de prisión, mientras que la querella pidió el máximo de seis años. La defensa argumentó que Orrico sufría una "pena natural" por la depresión posterior al hecho y que las víctimas no llevaban cinturón de seguridad, aunque el juez desestimó este último punto por la violencia del impacto. Crespo valoró el reconocimiento de culpa y el pedido de perdón de Orrico, así como su falta de antecedentes, para reducir la pena.

La sentencia generó un fuerte rechazo entre los familiares de las víctimas y los sindicatos de la carne de Entre Ríos, quienes consideraron la condena insuficiente y denunciaron un trato privilegiado por la condición de exfuncionario del acusado. "La Justicia no puede ni debe tener una doble vara. Ante la ley todos somos iguales", expresaron en un comunicado. El caso reavivó el debate sobre la severidad de las penas en siniestros viales y la igualdad ante la ley, especialmente cuando involucran a figuras públicas.

El próximo 17 de marzo se conocerán los fundamentos completos de la sentencia, mientras la comunidad de Basavilbaso y el sector de trabajadores de la carne continúan exigiendo justicia plena y reparación para las familias afectadas.