La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad ha marcado un nuevo capítulo en la política y la justicia argentinas. El fallo, ratificado por la Corte Suprema, obliga además a la expresidenta y a otros condenados a devolver hasta 500 millones de dólares al Estado, cifra que será actualizada y distribuida según la responsabilidad de cada uno.

Tras la decisión judicial, el Tribunal Oral Federal 2 otorgó a Kirchner el beneficio de la prisión domiciliaria, que cumplirá en su departamento de Buenos Aires bajo monitoreo electrónico y con restricciones de visitas. La medida evitó su traslado a los tribunales de Comodoro Py, aunque generó tensiones políticas y advertencias sobre posibles disturbios, según expresó el senador Luis Juez.

La defensa de la exmandataria, encabezada por los abogados Gregorio Dalbón y Alberto Beraldi, anunció que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a otros organismos internacionales, argumentando violaciones al debido proceso. Sin embargo, expertos como Eugenio Zaffaroni consideran que las posibilidades de revertir la sentencia en el ámbito internacional son escasas, dado que la CIDH no suele intervenir en sentencias firmes de tribunales nacionales.

El fallo también pone el foco en los bienes de Kirchner, muchos de los cuales fueron donados a sus hijos pero podrían ser igualmente decomisados. La fiscalía enfatizó la importancia de que el decomiso cumpla una función social y resarza el daño ocasionado al Estado.

En el plano político, la reacción ha sido dispar. Mientras sectores kirchneristas convocan a movilizaciones en apoyo a la expresidenta, el peronismo cordobés y otros espacios optan por el silencio o la cautela. La diputada Natalia de la Sota cuestionó el proceso judicial, mientras que figuras opositoras como Luis Juez consideran la condena adecuada y critican la estrategia de defensa basada en argumentos políticos.

El caso Vialidad, que investigó la adjudicación irregular de obras públicas a Lázaro Báez durante los gobiernos de Kirchner, fue revisado por varias instancias judiciales, cumpliendo con los estándares internacionales de revisión. La situación abre interrogantes sobre el futuro político del peronismo y la capacidad de la justicia argentina para recuperar los fondos desviados, mientras la atención se centra en la respuesta de los organismos internacionales y en las eventuales consecuencias sociales y políticas del fallo.