El juez federal Marcelo Bailaque enfrenta prisión preventiva domiciliaria por múltiples acusaciones de corrupción, pero continúa en funciones debido a la falta de una decisión del Consejo de la Magistratura sobre su desafuero. Este caso ha generado un intenso debate en Rosario y a nivel nacional, al destapar una red de complicidades que involucra a actores judiciales, políticos y económicos.

La Cámara Federal de Rosario confirmó la prisión preventiva, pero determinó que se cumpla en modalidad domiciliaria, argumentando que no existe riesgo de fuga, aunque sí peligro de entorpecimiento de las investigaciones. Además, redujo el embargo sobre los bienes del juez de $1,400 millones a $600 millones. Sin embargo, estas medidas no se harán efectivas mientras Bailaque mantenga sus fueros como juez federal.

Bailaque está imputado en tres causas principales que incluyen delitos como extorsión, prevaricato y manejo irregular de fondos. Una de las acusaciones más graves señala su presunta complicidad con el narcotraficante Esteban Alvarado, mientras que otras lo vinculan con el financista Fernando Whpei en casos de extorsión y desvío de fondos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios.

El fiscal federal Federico Reynares Solari expresó su preocupación por el impacto institucional de que Bailaque continúe en funciones, calificando la situación como un "gran estrés institucional". Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, criticó duramente la inacción del Consejo de la Magistratura y vinculó el caso con una red más amplia de corrupción y narcotráfico. "Estamos empezando a conocer la verdad. Este no es el momento de aflojar ni de mirar para otro lado", declaró Javkin.

El caso de Bailaque se enmarca en un contexto de creciente violencia y narcotráfico en Rosario, que ha puesto en jaque a las instituciones locales. La demora en la resolución del Consejo de la Magistratura ha sido ampliamente criticada, generando desconfianza en el sistema judicial y político. Diversos actores han señalado este caso como un ejemplo de la necesidad de reformas profundas en las instituciones judiciales y de seguridad.

Mientras tanto, el proceso judicial avanza lentamente, y las expectativas están puestas en que el Consejo de la Magistratura tome una decisión que permita avanzar hacia un juicio que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades correspondientes.