El Gobierno nacional avanzó con la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la empresa responsable del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través de los decretos 493/2025 y 494/2025, publicados en el Boletín Oficial, se autorizó la venta de hasta el 90% de las acciones estatales, abriendo la puerta a la transferencia total de la compañía al sector privado.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece que el proceso de venta se realizará en dos etapas: primero, al menos el 51% de las acciones será adquirido por un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional; el resto se colocará en bolsas y mercados del país. El Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas supervisarán el proceso, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio.

El nuevo marco regulatorio permite a AySA cortar el suministro de agua a usuarios residenciales que acumulen 60 días de mora en el pago de sus facturas, y a usuarios no residenciales tras 15 días. Hasta ahora, solo se permitía la reducción del caudal, pero no la interrupción total del servicio. El decreto exceptúa de los cortes a hospitales, sanatorios y cárceles, tanto públicos como privados.

Además, se establecen aumentos tarifarios automáticos cada tres meses, con la posibilidad de subas extraordinarias ante cambios imprevistos en los costos. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios, las tarifas de AySA aumentaron un 331% en 2024. El Gobierno argumenta que la privatización es necesaria debido al déficit operativo de la empresa y la imposibilidad del Estado de sostener las inversiones requeridas. Entre 2006 y 2023, el Estado transfirió USD 13.400 millones a AySA, sin lograr revertir el deterioro de la infraestructura y la cobertura.

La reforma también otorga a la concesionaria amplias facultades para auditar obras y crea un Plan Director de Mejora Estratégica, que orientará el desarrollo de infraestructura, aunque no será vinculante. El Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan garantizar la sostenibilidad y expansión del servicio, mientras que sectores críticos advierten sobre el impacto social de los cortes y los aumentos tarifarios, señalando el riesgo de exclusión para los usuarios más vulnerables. El debate sobre la mercantilización del agua y el acceso universal al servicio se instala en el centro de la discusión pública, en un contexto de crisis económica y ajuste fiscal.