El reciente fallo de la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, que ordena a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Capital, ha generado una fuerte reacción política y legal en el país. En respuesta, legisladores de distintos bloques han presentado proyectos para ratificar el artículo 10 de la ley de expropiación de YPF, que prohíbe la transferencia de acciones de la petrolera estatal sin la aprobación de dos tercios del Congreso.

El diputado Miguel Pichetto, jefe del bloque de Encuentro Federal, explicó que "el Congreso argentino entiende que estas acciones hacen a la soberanía y que el marco de la ley no puede ser vulnerado". Por su parte, el senador Maximiliano Abad sostuvo que "ninguna corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes" y que la defensa jurídica debe consolidarse en los tribunales internacionales.

El fallo de Preska, promovido por los fondos Burford y Eton Capital, es considerado de "imposible cumplimiento" por varios legisladores, quienes enfatizan la necesidad de defender la soberanía energética y el federalismo. El debate en el Congreso también ha reavivado viejas disputas políticas sobre la expropiación de YPF en 2012, con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición.

Burford Capital, el fondo litigante, nunca fue accionista de YPF, sino que adquirió los derechos de litigio a la familia Eskenazi por 17 millones de dólares y ahora busca una ganancia millonaria tras el fallo favorable. Analistas advierten que la posición negociadora de Argentina es débil y que negociar desde la debilidad puede implicar pérdidas en soberanía y recursos.

El gobierno argentino continúa apelando la sentencia en tribunales estadounidenses y busca fortalecer su posición con respaldo institucional y económico. Mientras tanto, legisladores y funcionarios llaman a la unidad nacional para enfrentar el desafío y evitar que una decisión judicial extranjera comprometa los intereses estratégicos del país.