El conflicto universitario en Argentina alcanzó un nuevo pico de tensión en marzo de 2026, cuando gremios docentes y no docentes, federaciones y autoridades de las universidades nacionales denunciaron la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el deterioro de los salarios. El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a una semana de paro, del 16 al 22 de marzo, con la posibilidad de extender la medida hasta 22 días sin clases si el Gobierno nacional no responde a los reclamos.

El paro, que afecta a docentes, no docentes y estudiantes de todo el país, fue ratificado por federaciones como CONADU, Fedun y Ctera. Los gremios exigen la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada en varias oportunidades por el Congreso, pero vetada y suspendida por el Ejecutivo. Además, reclaman la recomposición salarial, denunciando una pérdida del 50% del poder adquisitivo en los últimos dos años y la renuncia de más de 10.000 docentes universitarios.

El presupuesto nacional para 2026 no contempla la actualización de partidas para salarios ni gastos de funcionamiento, lo que pone en riesgo el funcionamiento de las universidades, los colegios preuniversitarios y los hospitales universitarios. El Consejo Superior de la UBA declaró la emergencia presupuestaria y solicitó a los ministerios de Capital Humano y Economía una actualización urgente de los fondos, especialmente para el área de salud.

El Gobierno propuso un aumento salarial del 12,3% en cuotas, oferta rechazada por los gremios por considerarla insuficiente. Las organizaciones sindicales advierten que, de no haber respuestas, el plan de lucha se profundizará con paros por tiempo indeterminado y una Marcha Federal Universitaria. El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que el primer cuatrimestre está en riesgo y que la falta de actualización presupuestaria afecta a toda la comunidad educativa.

En este contexto, la comunidad universitaria se mantiene en estado de alerta y movilización, mientras continúan las acciones judiciales para exigir el cumplimiento de la ley. El conflicto refleja la gravedad de la situación presupuestaria y salarial en el sistema universitario argentino, en un escenario de inflación y ajuste fiscal a nivel nacional.