El reciente escándalo por la falta de controles aduaneros en un vuelo privado que arribó al Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires ha puesto en el centro de la escena a funcionarios, empresarios y la Justicia. El avión, un Bombardier propiedad del empresario Leonardo Scatturice, transportó el 26 de febrero a la gerente de operaciones de OCP Tech, Laura Belén Arrieta, junto a los pilotos Juan Pablo Pinto y José Luis Donato Bresciano, desde Miami. La polémica surgió cuando se detectó que al menos 10 bultos fueron descargados, pero solo cinco fueron registrados oficialmente, y dos valijas permanecieron en tránsito para un viaje posterior a París.

El Gobierno, que ya entregó a la Justicia la lista del personal de Aduana involucrado, sostiene que no hubo delito y que los controles son discrecionales, argumentando que "las valijas no pasan siempre por los escáners". Además, el Ejecutivo respalda a los funcionarios y descarta sanciones internas mientras avanza la investigación judicial. El presidente Javier Milei desestimó públicamente la denuncia, calificándola de "pelotudez grande como una casa" y atribuyéndola a represalias políticas por las reformas impulsadas por su gestión.

Por su parte, el piloto Juan Pablo Pinto se presentó espontáneamente ante la Justicia para detallar el contenido del equipaje, aportando comprobantes de compra y fotografías. Pinto explicó que parte del equipaje correspondía a compras personales y encargos, como una guitarra transportada para un colega. Según su testimonio, los controles migratorios y aduaneros fueron "absolutamente normales" y se cumplió con la normativa vigente.

La Justicia, sin embargo, investiga inconsistencias en el origen del vuelo —registrado oficialmente como proveniente de Fort Lauderdale, aunque el piloto declaró haber partido de Opa Locka— y la cantidad de bultos descargados. También solicitó información sobre los vehículos y el personal presentes durante el operativo en pista.

El caso ha cobrado relevancia adicional por los vínculos de Scatturice con el Gobierno, incluyendo contratos millonarios con el Ministerio de Economía y la reciente compra de la aerolínea Flybondi. La oposición y algunos medios han señalado posibles conflictos de interés y falta de transparencia, mientras que el oficialismo busca restar importancia al episodio. El desenlace de la investigación judicial podría tener implicancias en el debate sobre los controles aduaneros y la relación entre empresarios y el Estado.