La posible visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la Argentina generó una intensa reacción en el ámbito judicial y político local. En los últimos días, abogados vinculados a organizaciones palestinas presentaron denuncias ante los tribunales federales, solicitando la detención inmediata de Netanyahu si ingresa al país. El pedido se fundamenta en la orden de arresto internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra cometidos durante la ofensiva israelí en Gaza.

La denuncia, presentada por los abogados Rodolfo Yanzón y Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos, representa a familiares de las víctimas y a sobrevivientes de un ataque a un convoy humanitario en Rafah, al sur de Gaza, donde murieron 15 personas, incluidos trabajadores de la ONU y paramédicos. El escrito solicita que, ante la eventual llegada de Netanyahu, se ordene su detención para ponerlo a disposición de la CPI o, en su defecto, someterlo a proceso en territorio argentino. El caso quedó radicado en el Juzgado Federal N°11, a cargo del juez Sebastián Casanello, quien deberá decidir si acepta o rechaza el pedido. En causas previas, fiscales como Gerardo Pollicita y Guillermo Marijuan recomendaron el rechazo de pedidos similares, invocando la jurisdicción universal.

La visita de Netanyahu a Buenos Aires, inicialmente prevista para septiembre, fue puesta en duda por cuestiones de seguridad y por la vigencia de la orden de la CPI. En cambio, se priorizó la posibilidad de un encuentro bilateral entre Netanyahu y el presidente Javier Milei en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Milei y Netanyahu mantienen un estrecho vínculo desde la llegada del mandatario argentino al poder, con varias visitas oficiales a Israel y la firma de acuerdos bilaterales.

El contexto internacional es complejo: Netanyahu enfrenta acusaciones por crímenes de guerra y una creciente presión internacional tras la ofensiva en Gaza iniciada en octubre de 2023. En Argentina, organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo repudiaron la posible visita y calificaron el accionar israelí como genocidio. Por su parte, el gobierno israelí rechaza las acusaciones y exige la retirada de informes internacionales que denuncian la hambruna en Gaza. La comunidad palestina en Argentina también denuncia la venta de armas y tecnología israelí utilizada tanto en el conflicto palestino como en la represión local.

El desenlace judicial y diplomático de este caso podría tener implicaciones significativas para las relaciones bilaterales y para la postura argentina en el escenario internacional, especialmente en materia de derechos humanos y justicia universal.