Miles de trabajadores y representantes sindicales se movilizaron esta semana en Plaza de Mayo y otras ciudades del país para manifestar su rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. La convocatoria, liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT), reunió a diversos gremios y organizaciones sociales que expresaron su preocupación por la posible pérdida de derechos laborales y el deterioro de las condiciones de trabajo.

El acto central en Plaza de Mayo se desarrolló de manera pacífica y breve, aunque algunos manifestantes criticaron la falta de un plan de lucha más contundente por parte de la dirigencia sindical. "Si no nos escuchan, vamos a terminar en un paro nacional", advirtió uno de los oradores de la CGT, reflejando el clima de tensión y expectativa entre los asistentes.

La movilización se produjo en un contexto de recesión económica, con aumento del desempleo y cierre de empresas, lo que agudiza la preocupación de los trabajadores. Testimonios recogidos durante la jornada dieron cuenta de la angustia por la caída del poder adquisitivo y el temor a la flexibilización de las condiciones laborales. "Nunca estuvimos tan mal. Los sueldos son bajísimos y ahora esta reforma nos quita derechos", expresó un empleado del Correo Argentino.

Durante la protesta se registraron incidentes aislados, incluyendo el uso de gas pimienta por parte de la policía, que afectó a más de 50 personas, y enfrentamientos entre custodios sindicales y manifestantes. A pesar de estos episodios, la jornada transcurrió mayormente en calma.

En respuesta a la presión social, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la postergación del debate legislativo sobre la reforma laboral hasta febrero, señalando que el oficialismo no contaba con los votos necesarios para avanzar en la iniciativa en el corto plazo.

La CGT y otros sindicatos mantienen el estado de alerta y no descartan la convocatoria a un paro nacional si no se atienden sus demandas. El debate sobre la reforma laboral se inscribe en una agenda más amplia de ajuste fiscal y recortes en áreas sensibles como salud y educación, lo que ha generado un clima de creciente conflictividad social. Las próximas semanas serán clave para definir el rumbo de las negociaciones y las eventuales medidas de fuerza.