El juicio por la megacausa de estafa con planes sociales en Neuquén comenzará el próximo 21 de julio y se extenderá hasta mediados de septiembre. Este proceso judicial, que ha generado gran expectativa en la provincia, involucra a 15 acusados, entre exfuncionarios y empleados públicos, quienes presuntamente integraron una asociación ilícita que desvió más de $153 millones destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

La fiscalía, liderada por Pablo Vignaroli, Juan Narvaez, Agustina Jara y Tanya Cid, presentará 95 testigos para sustentar su teoría del caso. Según esta, entre septiembre de 2020 y julio de 2022, los acusados conformaron una estructura piramidal dentro del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo y otras áreas del gobierno provincial. Esta organización habría cometido 9303 hechos de estafa, desviando fondos públicos mediante cobros irregulares de asignaciones sociales.

En la cúspide de la organización se encuentran Ricardo Soiza, exdirector general de Gestión de Planes Sociales; Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social; Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización; Marcos Osuna, exresponsable de Gestión de Programas; y Tomás Siengenthaler, excoordinador de Administración. Además, otros diez acusados ocupaban roles como colaboradores, recaudadores y beneficiarios directos de la maniobra.

Antes del inicio del juicio, la fiscalía cerró acuerdos de condena con nueve imputados de menor responsabilidad. Estos aceptaron su participación en tareas complementarias, como extracción de dinero en cajeros automáticos y cobro de cheques, a cambio de entregar el efectivo a los líderes de la organización. Las penas impuestas fueron de tres años de ejecución condicional, con reglas de conducta y aportes económicos a instituciones de bien público. En al menos un caso, se logró la reparación total del daño económico.

El juez de garantías Juan Pablo Balderrama defendió estos acuerdos bajo los principios de economía procesal y celeridad judicial. "La evidencia presentada es suficiente para declarar la responsabilidad penal", afirmó durante una audiencia de homologación.

La fiscalía anticipó que solicitará penas superiores a tres años de prisión efectiva para los principales acusados. Además, se espera que la Fiscalía de Estado avance en demandas civiles para recuperar parte de los fondos desviados.

Este juicio representa un hito en la lucha contra la corrupción en Neuquén y pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la administración pública. Las consecuencias del caso podrían sentar precedentes importantes para futuros procesos judiciales relacionados con el manejo de fondos públicos.