El arribo de un avión privado al Aeroparque Jorge Newbery el pasado 26 de febrero, con diez valijas presuntamente no controladas por la Aduana, ha desatado un escándalo político y judicial en la Argentina. La aeronave, un Bombardier Global 5000 propiedad del empresario Leonardo Scatturice, transportaba como única pasajera a Laura Belén Arrieta, empleada de Scatturice y figura vinculada a la organización de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en el país.

Según la investigación judicial, basada en imágenes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y testimonios de agentes, solo cinco de las diez valijas fueron declaradas y ninguna pasó por los escáneres de control habituales. Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez sostienen que el personal aduanero tomó la decisión expresa de desviar a los pasajeros y su equipaje, evitando los controles de rutina. "Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión", señala el dictamen judicial.

El Gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni y del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, negó cualquier irregularidad. Pazo argumentó que la normativa permite controles selectivos y que el equipaje proveniente de Estados Unidos ya había sido sometido a estrictos procedimientos de seguridad en origen. "No es obligatorio escanear el 100% del equipaje que ingresa al país", afirmó en declaraciones a la prensa.

No obstante, la investigación detectó inconsistencias en los registros migratorios y una falta de monitoreo continuo de la aeronave durante su estadía en el hangar privado de Royal Class. Además, se inició un sumario interno en la Aduana y una denuncia penal para esclarecer los hechos.

El caso involucra a figuras cercanas al poder y ha reavivado el debate sobre la transparencia y el control estatal en el ingreso de vuelos privados. Laura Arrieta, de 32 años, es empleada de empresas tecnológicas de Scatturice y participó activamente en la organización de la CPAC, evento en el que disertó el presidente Javier Milei. Scatturice, por su parte, es un empresario con pasado en inteligencia y vínculos con la política estadounidense.

El escándalo surge en un contexto de tensión entre el Gobierno y los medios, y tras la reciente participación de Milei en la CPAC de Washington. La investigación judicial continúa y podría tener implicancias en la relación entre el Estado y el sector privado, así como en la percepción pública sobre la transparencia gubernamental.