En la noche del martes, tras la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema, se produjeron graves incidentes en la Ciudad de Buenos Aires. Un grupo de manifestantes, identificados con la agrupación La Cámpora, irrumpió violentamente en el edificio de ARTEAR, donde funcionan los canales TN y eltrece, causando destrozos significativos en las instalaciones.

El ataque se produjo por la calle Lima, a pocas cuadras del domicilio de la expresidenta en el barrio de Constitución, donde previamente se habían concentrado militantes en apoyo a Fernández de Kirchner. Los agresores vulneraron los controles de seguridad y avanzaron hasta el interior del edificio, donde rompieron puertas, ventanales, equipamiento técnico, bicicletas y automóviles pertenecientes a empleados e invitados. Además, se registraron pintadas intimidatorias y mensajes contra el Grupo Clarín y figuras del periodismo.

Las cámaras de seguridad del canal captaron el accionar de los manifestantes, lo que permitirá a la Policía de la Ciudad avanzar en la identificación de los responsables. Hasta el momento, no se reportaron heridos ni detenciones, aunque los daños materiales fueron cuantiosos.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado repudiando el ataque y exigiendo una investigación urgente, así como mayores medidas de seguridad para los medios y sus trabajadores. El vocero presidencial, Manuel Adorni, también expresó su solidaridad con los empleados afectados y condenó el accionar de los manifestantes.

En el ámbito político, el fallo de la Corte Suprema generó fuertes reacciones. Desde sectores del peronismo y allegados a Cristina Kirchner, se denunció una supuesta persecución política y judicial. El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó la condena como una "infamia" y parte de una larga historia de ataques al peronismo. El abogado de la ex presidenta, Gregorio Dalbón, sostuvo que no existen pruebas en su contra y criticó duramente la decisión judicial.

El episodio reaviva la tensión política y mediática en el país, en un contexto de alta polarización y con la expresidenta enfrentando un futuro judicial incierto. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades penales de los autores materiales del ataque y prevenir nuevos hechos de violencia.