Una mujer de 50 años fue rescatada en la localidad de Despeñaderos, Córdoba, tras permanecer en presunto estado de abandono y servidumbre durante al menos dos décadas. El operativo se realizó luego de una denuncia anónima que alertó a las autoridades sobre la situación en una vivienda del barrio IPV. Al llegar, la policía encontró a la víctima en grave estado de salud, con signos de desnutrición severa, deterioro físico y posibles patologías crónicas. Según los registros sanitarios, la mujer solo había recibido atención médica en 2014.

El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, ordenó la detención del esposo y una de las hijas de la mujer, mientras que otros tres hijos quedaron imputados. La víctima fue trasladada al Hospital Arturo Illia de Alta Gracia, donde permanece bajo seguimiento médico y psicológico. El equipo interdisciplinario que la asiste aún no pudo tomarle testimonio debido a su delicado estado físico y emocional.

Vecinos del barrio manifestaron su sorpresa, ya que hacía más de una década que no veían a la mujer y muchos pensaban que había fallecido. El caso destapó una historia de presunto encierro y maltrato que pasó inadvertida para la comunidad y los servicios de salud durante años. La investigación busca esclarecer el grado de participación de cada miembro de la familia y determinar cómo se llegó a esta situación extrema.

El hijo mayor de la víctima, David Colazo, enfermero, negó las acusaciones de encierro y abandono, asegurando que su madre era paciente psiquiátrica y que la familia intentó ayudarla, pero ella no se dejaba asistir ni medicar. "Mi mamá no estaba en estado de abandono, no se negó la alimentación. Siempre comía, pero a veces no quería comer", afirmó. También sostuvo que la mujer salía al patio y que la falta de higiene se debía a su negativa a bañarse.

El caso generó un fuerte debate sobre la Ley de Salud Mental en Argentina. Marina Charpentier, referente en la materia, reclamó una reforma que permita la internación involuntaria en situaciones de riesgo. La situación evidenció la falta de detección comunitaria y la necesidad de fortalecer los equipos interdisciplinarios en hospitales y servicios sociales. La investigación continúa bajo la dirección de la fiscalía de Alta Gracia, mientras la víctima recibe atención especializada y la comunidad sigue conmocionada por el hecho.