Un tribunal de la provincia de Neuquén condenó a 12 exfuncionarios y empleados públicos por una estafa con planes sociales que superó los $1.200 millones, fondos originalmente destinados a personas desempleadas y vulnerables. Las penas, que alcanzan hasta cinco años de prisión efectiva, también incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El caso, que involucró a altos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión del exgobernador Omar Gutiérrez, reveló un esquema sistemático de desvío de fondos para financiar ilegalmente al partido Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Según el fallo, los principales responsables fueron Orlando Abel Di Luca, Ricardo Soiza y Tomás Siegenthaler, quienes recibieron las penas más severas. Otros implicados, como Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna, también recibieron condenas de prisión efectiva, mientras que algunos funcionarios de menor rango obtuvieron penas en suspenso. El tribunal consideró agravantes la duración de la maniobra, el daño social y la utilización de empleados y recursos estatales para concretar el fraude.

La maniobra consistió en la extracción ilegítima de dinero de tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales y el cobro de cheques, que luego eran desviados a una caja política. El tribunal, sin embargo, descartó la figura de asociación ilícita, lo que motivó la apelación de la Fiscalía de Estado, que busca una revisión de la sentencia y la aplicación de penas más severas.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli celebró el resultado, aunque marcó diferencias con los jueces respecto al contexto político y la interpretación jurídica de los hechos. La Fiscalía de Estado anunció que continuará acciones civiles para recuperar los fondos públicos y que recurrirá todas las resoluciones que puedan afectar el patrimonio fiscal.

El caso, que se desarrolló durante la pandemia y en el marco de un cambio político tras décadas de hegemonía del MPN, es considerado un hito en la lucha contra la corrupción en Neuquén. Diversos sectores sociales y políticos reclaman mayor dureza y transparencia, mientras se espera la resolución de la apelación y el avance de las acciones civiles para la recuperación del dinero sustraído.