La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) oficializó la convocatoria a subasta pública para la venta de un inmueble estatal ubicado en la calle Juncal 847/51, en el barrio de Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El predio, que cuenta con una superficie de 499,67 metros cuadrados y una edificación de 1.638,48 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles, fue desafectado de la jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores y transferido a la AABE para su disposición.

La subasta, programada para el 9 de febrero de 2026 a través de la plataforma electrónica SUBAST.AR, establece un precio base de USD 1,9 millones. El edificio, que funcionó como sede del Instituto del Servicio Exterior de la Nación, se encuentra en estado de abandono y será vendido en las condiciones actuales, según lo estipulado en el pliego de bases y condiciones. El comprador asumirá la responsabilidad de cualquier adecuación constructiva, registral o ambiental.

Esta operación se inscribe en el marco de un plan más amplio del gobierno nacional, que busca optimizar el uso de activos públicos y generar ingresos fiscales mediante la venta de propiedades estatales. El decreto 950/2024, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, habilita la enajenación de cerca de 400 inmuebles considerados innecesarios, con el objetivo de recaudar entre USD 800 y 1.000 millones para el Tesoro Nacional.

La gestión de la AABE, bajo la presidencia de Tania Yedro desde diciembre de 2025, ha implementado cambios normativos para agilizar los procesos de venta, incluyendo la habilitación de bancos públicos y privados para realizar tasaciones y el uso de firmas digitales en procedimientos 100% remotos. El calendario de subastas para 2026 contempla la venta de propiedades en zonas de alta demanda comercial y residencial, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras localidades.

Si bien el gobierno sostiene que la medida responde a la necesidad de "hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal", sectores gremiales y sociales han expresado preocupación por el impacto de la desinversión masiva de activos públicos. La apertura a inversores extranjeros y grandes desarrolladores genera expectativas en el mercado inmobiliario, mientras se aguarda el resultado de las próximas subastas y el destino de los fondos recaudados.