Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por la deuda en default desde la crisis de 2001. La noticia fue confirmada el 11 de marzo de 2026, cuando ambas partes informaron a la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, sobre el entendimiento alcanzado y solicitaron la suspensión del litigio mientras se formaliza la conciliación.

El acuerdo involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes reclamaban sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales, incluyendo acciones del Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas. Según fuentes judiciales y comunicados de los abogados de los fondos, las partes acordaron dividir el colateral de los Bonos Brady embargados, valuados en aproximadamente USD 310 millones, que estaban depositados en la Reserva Federal de Nueva York.

Dennis Hranitzky, abogado representante de ambos fondos y conocido por su rol en el embargo de la Fragata Libertad en Ghana en 2012, declaró: “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo”.

El litigio con los holdouts se remonta a la negativa de estos fondos a ingresar en los canjes de deuda ofrecidos por los gobiernos de Néstor Kirchner (2005), Cristina Kirchner (2010) y Mauricio Macri (2016), que lograron más del 95% de aceptación entre los acreedores. Sin embargo, un pequeño grupo de fondos optó por reclamar judicialmente el pago total de los títulos más intereses acumulados, extendiendo la disputa por más de dos décadas.

En 2016, el gobierno argentino pagó USD 9.300 millones a otros holdouts, lo que permitió levantar las cautelares que impedían el pago a bonistas que sí habían aceptado los canjes y salir del default técnico. El acuerdo actual representa el cierre de uno de los últimos frentes judiciales abiertos en el exterior por el default de 2001, y es considerado por analistas como un paso clave para normalizar la situación financiera internacional del país. El gobierno argentino, por su parte, mantiene la confidencialidad sobre los detalles del acuerdo hasta su formalización definitiva.