La reciente aprobación en el Senado argentino de los proyectos que buscan automatizar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y modificar el reparto del impuesto a los combustibles ha intensificado la disputa entre el gobierno nacional y los gobernadores provinciales. Impulsadas por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, estas iniciativas pretenden terminar con la discrecionalidad en el envío de fondos federales y fortalecer la autonomía financiera de las provincias.

Sin embargo, la Casa Rosada ratificó que el presidente Javier Milei vetará todas las leyes que no provengan del oficialismo, incluso aquellas que cuentan con amplio consenso opositor. "No está en duda el veto. Javier va a vetar las leyes que impulsan los gobernadores", afirmaron fuentes oficiales. Esta postura se mantiene pese a la sugerencia pública del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien recomendó no vetar el proyecto de ATN para facilitar acuerdos en el Congreso y abrir el debate sobre la coparticipación federal.

El oficialismo argumenta que la aprobación de estos proyectos pondría en riesgo el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, uno de los pilares del programa económico de Milei. Según estimaciones técnicas, el costo fiscal de ambas iniciativas sería de apenas 0,11% del PBI, lo que permitiría mantener el superávit por encima de la meta pactada con el FMI. No obstante, el gobierno considera que ceder en este punto enviaría señales negativas a los mercados y debilitaría su política de austeridad.

En la Cámara de Diputados, la oposición busca construir una mayoría de dos tercios para blindar los proyectos frente al veto presidencial, aunque el oficialismo confía en reunir el tercio necesario para sostenerlo. El debate se da en un contexto de fuerte ajuste fiscal y caída de transferencias a las provincias, lo que ha generado malestar entre los mandatarios provinciales y una inédita unidad en torno a la demanda de fondos.

Sturzenegger, por su parte, advirtió que la nueva ley permitiría modificar la coparticipación federal sin necesidad de ratificación provincial, lo que cambiaría el esquema de federalismo fiscal en el país. Mientras tanto, la oposición ve en este conflicto una oportunidad política de cara a las elecciones legislativas de octubre, buscando capitalizar el descontento provincial y la tensión con el Ejecutivo.

El desenlace de esta pulseada legislativa será clave para el futuro de la relación entre Nación y provincias, así como para la estabilidad fiscal y política en un año electoral decisivo.