En la madrugada del jueves, un vuelo especial procedente de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza con diez ciudadanos argentinos deportados. El operativo, realizado con un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, fue el primero de su tipo en utilizar un avión fletado exclusivamente para repatriar argentinos expulsados por motivos migratorios y penales.

Cinco de los deportados no tenían antecedentes penales y su expulsión se debió únicamente a su estatus migratorio irregular. Entre ellos se encontraba Mario Luciano Robles, de 25 años, quien relató a la prensa que fue detenido en Texas tras cruzar desde México y separado de su esposa e hija, quienes permanecen en México. "No somos criminales, no matamos ni violamos, solo vamos por el 'sueño americano'", afirmó Robles, visiblemente afectado por la situación.

Otros cinco deportados presentaban antecedentes por delitos como robo, agresión, tráfico y delitos contra el orden público. El vuelo, que partió de Texas, realizó escalas en Bogotá y Belo Horizonte antes de arribar a Buenos Aires cerca de las 3:00 de la madrugada. El operativo fue manejado con gran discreción por parte del gobierno argentino, que evitó difundir detalles para no entorpecer la relación con la administración de Donald Trump.

Maximiliano García, otro de los deportados, denunció que nunca fue notificado de una orden de deportación previa y criticó la política antiinmigrante de Estados Unidos. "Están partiendo familias a la mitad. Es absolutamente anti-inmigrante", expresó García, quien fue separado de su esposa e hijos, ciudadanos estadounidenses residentes en Florida.

El embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, justificó la potestad de Estados Unidos para expulsar a quienes violan sus leyes y minimizó la cantidad de argentinos afectados, señalando que el número es "infinitésimo" en comparación con otras nacionalidades. "Es una potestad de cada país decidir qué hacer con las personas que violan la ley dentro de su territorio", afirmó.

El operativo se enmarca en una política migratoria más estricta implementada por la administración Trump, que ha intensificado las deportaciones y realiza vuelos semanales para repatriar inmigrantes ilegales. La situación generó tensión política en Argentina, donde el gobierno de Javier Milei optó por el silencio para evitar conflictos diplomáticos. Las familias de los deportados, en tanto, expresaron su dolor por la separación y denunciaron el trato recibido, mientras la comunidad argentina en el exterior observa con preocupación el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses.