El caso del fentanilo contaminado ha generado conmoción en Argentina, con al menos 34 muertes confirmadas en hospitales de La Plata, CABA, Santa Fe y otras provincias. La investigación judicial, liderada por el juez federal Ernesto Kreplak, apunta a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo como responsables de la fabricación de los lotes contaminados.

El brote inicial se detectó en el Hospital Italiano de La Plata, donde 15 de los 18 pacientes en terapia intensiva fallecieron tras recibir el medicamento. Las bacterias identificadas en los lotes contaminados, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia pickettii, presentan resistencia a múltiples antibióticos, lo que agrava la situación.

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, presentó un escrito ante la justicia denunciando un posible sabotaje por parte de un excolaborador, Andrés Quinteros. Según García, Quinteros habría manipulado sistemas de seguridad y cámaras en los laboratorios, además de estar involucrado en intentos de extorsión y denuncias falsas. Quinteros, por su parte, niega las acusaciones.

La ANMAT, organismo encargado de la regulación de medicamentos, ha sido criticada por su tardía reacción ante las denuncias. Aunque ordenó la inmovilización de los lotes contaminados y el retiro de todos los productos de HLB Pharma, expertos señalan que estas medidas llegaron demasiado tarde para evitar las muertes.

El Instituto Malbrán confirmó la presencia de bacterias en los lotes de fentanilo y su vínculo genético con los hemocultivos de pacientes fallecidos. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que las muertes están directamente relacionadas con el medicamento contaminado.

La investigación enfrenta obstáculos debido a la cremación de cuerpos de algunas víctimas, lo que dificulta la realización de autopsias para determinar la causa exacta de las muertes. El juez Kreplak ha solicitado a las provincias y droguerías información detallada sobre los lotes de fentanilo adquiridos.

El caso ha puesto en evidencia las fallas en el sistema de control de medicamentos en Argentina y ha generado un llamado a la justicia por parte de las familias afectadas. Mientras tanto, la investigación continúa, con implicaciones legales y sanitarias que podrían extenderse en el tiempo.