La Justicia Federal de Chaco realizó este viernes una serie de allanamientos en la ciudad de Resistencia, que culminaron con la detención de Braian José Obregón, propietario del local de electrónica Cebra Phone, y la imputación de su pareja y socia comercial, Agostina Antonella Vargas Vispo. Ambos enfrentan cargos por presunto lavado de activos agravado, contrabando y venta de productos falsificados, en una causa que ha captado la atención pública por el ostentoso nivel de vida de los implicados y el volumen de dinero involucrado.

Los procedimientos, ordenados por el fiscal federal Patricio Sabadini, incluyeron seis allanamientos simultáneos en domicilios, locales comerciales y concesionarias de vehículos. Entre los bienes incautados figuran camionetas de alta gama, autos de lujo, motocicletas, una lancha y documentación clave para la investigación. Según fuentes judiciales, los pagos en los comercios se realizaban en efectivo, transferencias, criptomonedas y plataformas internacionales como PayPal, lo que dificultaba el rastreo de los fondos.

La investigación se inició a principios de este año, cuando el Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco detectó publicaciones en redes sociales que mostraban vehículos de lujo, propiedades y viajes internacionales de los imputados. Los informes de la AFIP y la Unidad de Información Financiera revelaron movimientos patrimoniales que no se correspondían con las declaraciones fiscales de Obregón y Vargas Vispo. En apenas cinco años, el empresario chaqueño pasó de manejar cifras marginales a mover más de $1.350 millones, con adquisiciones que incluyen un BMW coupé valuado en $64 millones y una lancha de alta gama.

La fiscalía sostiene que los comercios funcionaban como pantalla para blanquear activos ilícitos, valiéndose de facturación apócrifa, compra y venta de vehículos de alta gama, operaciones con criptomonedas y triangulación de productos ingresados desde Paraguay sin aval aduanero. Además, se detectaron facturas presuntamente falsas y operaciones no registradas, así como vínculos con empresas catalogadas por la AFIP como "contribuyentes no confiables".

El jefe de Investigaciones de la Policía del Chaco, Rolando Sosa, confirmó que la pareja se encuentra bajo custodia y que no se descarta la participación de más personas en la causa. El caso ha generado debate sobre los controles fiscales y el uso de criptomonedas en el comercio local, mientras la Justicia continúa con las pesquisas para determinar el alcance de las maniobras y el destino de los fondos involucrados. La causa, conocida como "Cebra", se enmarca en los esfuerzos por combatir el lavado de dinero y los delitos económicos en la región, y podría tener implicaciones para futuras investigaciones sobre el sector comercial y financiero en Chaco.